¿Son legales las revisiones del teléfono en migración EE.UU.?

Estas revisiones no son cosa de la actual administración de Trump, puesto que ya desde hace años se viene haciendo y bajo otros mandatos presidenciales.

La ley indica que todo viajero podría estar expuesto a ser revisado por la CBP para realizar controles según lo considere el oficial de inmigración del momento.

Además de revisar la ropa, el equipaje y el historial de viaje de la persona, el teléfono celular y todo lo que haya dentro también se puede revisar.

Y es que según la ley el CBP tiene el poder de revisar estos aparatos electrónicos sin ningún a restricción. Al parecer los únicos que podrían salvarse de dichas revisiones son los abogados, quienes pueden alegar el derecho a la confidencialidad cliente – profesional, por lo que sería la única excepción a esta norma.

Aunque en realidad no es esto motivo de preocupación, puesto que estas revisiones son raras en extremo, pues se estima que menos del 0,1% de los viajeros internacionales son sometidos a este tipo de inspecciones.

Según cifras del Servicio de Control de Aduanas y Fronteras, en el año fiscal de 2024 entraron cerca de 420 millones de viajeros a Estados Unidos. De esa cifra, unos 47.000 fueron sujetos a revisión de sus teléfonos celulares.

Y es que cabe recordar que el CBP tiene todo el poder de registrar estos aparatos electrónicos sin orden judicial. La ley indica que todo viajero aun estando en el aeropuerto todavía no ha entrado oficialmente a territorio estadounidense, por lo que en teoría no tiene derecho a un abogado en ese momento.

En algunos casos los agentes podrían quedarse con una copia de seguridad con la información que contenga el dispositivo electrónico. Esto solamente si hay una causa probable que indique que ese sujeto estaría violando la ley.

Si los oficiales del momento dicen que hay que realizar una investigación más profunda, el dispositivo podría ser retenido mas tiempo de lo normal.

Este mismo mecanismo es utilizado en aeropuertos de Europa con el mismo fin: evitar que entre en el territorio gente sospechosa de causar algún tipo de alteración al orden público o algún viajero que tenga intenciones de quedarse a vivir de manera irregular.